Escrito por Frode Skar, periodista financiero.

Las protestas en Minneapolis empujan a la América de Trump hacia un punto de ruptura

Minneapolis vuelve a situarse en el centro de una crisis política y social en Estados Unidos. En menos de tres semanas, dos personas murieron durante operativos de agentes federales de inmigración, desencadenando protestas, indignación pública y un debate nacional sobre el rumbo del país bajo el presidente Donald Trump.

Las imágenes procedentes de la ciudad evocan inevitablemente el año 2020 y la muerte de George Floyd. Sin embargo, el contexto actual es distinto. Esta vez no es la policía local la protagonista, sino fuerzas federales de inmigración fuertemente armadas, desplegadas como parte de una estrategia deliberadamente militarizada desde la Casa Blanca.

Dos muertes que reavivaron la tensión social

La nueva ola de protestas comenzó tras la muerte de Alex Pretty, un hombre de 37 años abatido por agentes federales durante una operación en Minneapolis. Su fallecimiento ocurrió pocos días después de la muerte de otro manifestante, René Gou, en circunstancias similares.

Videos difundidos masivamente en redes sociales muestran a Pretty grabando una redada contra migrantes. Se produce un forcejeo, es rociado con gas lacrimógeno, reducido en el suelo y desarmado. Instantes después se oyen múltiples disparos mientras permanece inmovilizado. Pretty era enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos y poseía legalmente un arma de fuego.

Las autoridades federales han descrito el hecho como defensa propia. Esta versión ha sido duramente cuestionada por testigos, juristas y organizaciones de derechos civiles. Dos agentes implicados fueron suspendidos, una medida considerada insuficiente por amplios sectores de la opinión pública.

Fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas

Minneapolis está gobernada por demócratas y se encuentra en el estado de Minnesota, tradicionalmente considerado un bastión azul. Esto la ha convertido en un objetivo simbólico dentro del enfrentamiento de la administración Trump con las denominadas ciudades santuario, que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

El alcalde Jacob Frey ha afirmado que la ciudad no aplicará activamente las leyes federales de inmigración. Desde Washington, la respuesta ha sido acusar a las autoridades locales de poner en riesgo la seguridad pública y desafiar la soberanía federal.

La magnitud del despliegue ha generado alarma. Según críticos, el número de agentes federales superó con creces al de la policía local. Las operaciones incluyeron tácticas de tipo militar, agentes enmascarados, armamento pesado y redadas a plena luz del día en zonas residenciales.

Reacción política y ajuste táctico

En un primer momento, la administración Trump reaccionó con un discurso contundente, respaldando sin matices a los agentes implicados y calificando los hechos como amenazas internas. No obstante, esta postura se suavizó rápidamente.

Las encuestas comenzaron a reflejar un deterioro en la popularidad del presidente y de las agencias migratorias, incluso entre votantes conservadores. Ante esta presión, la Casa Blanca moderó su retórica, introdujo cambios en la cadena de mando y redujo el ritmo de las operaciones.

Aun así, Trump ha reiterado que su agenda migratoria permanece intacta. La ofensiva contra la inmigración irregular seguirá siendo una prioridad central de su administración.

El negocio de la aplicación de la ley migratoria

Más allá del debate político, existe una dimensión económica significativa. El presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional se ha casi duplicado bajo la presidencia de Trump, convirtiendo la aplicación de la ley migratoria en una de las áreas federales mejor financiadas.

Este crecimiento ha beneficiado a una red de empresas privadas encargadas de la detención, el transporte, la vigilancia y la deportación de migrantes. Los contratos federales asociados alcanzan cifras de cientos de miles de millones de dólares.

Entre las compañías señaladas figura la consultora francesa Capgemini, cuya filial estadounidense ha participado en contratos relacionados con la localización e identificación de extranjeros. Los esquemas de pago basados en resultados han suscitado serias preocupaciones éticas.

Emergencia nacional y debilitamiento de los controles

La administración ha declarado la inmigración irregular como una emergencia nacional, lo que permite eludir los procesos habituales de licitación pública. Esto ha facilitado la adjudicación directa de contratos, a menudo a empresas con vínculos estrechos con el entorno político del presidente.

Críticos sostienen que esta práctica ha difuminado peligrosamente la frontera entre el poder público y los intereses privados. Varios altos cargos del gobierno proceden de sectores como la seguridad privada o el lobby empresarial.

Restricciones de visados y consecuencias globales

La línea dura también se ha reflejado en la migración legal. El procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países ha sido congelado, incluyendo aliados tradicionales de Estados Unidos. Las solicitudes de asilo, la reunificación familiar y la lotería de la green card han quedado suspendidas.

Según la Casa Blanca, más de 100.000 visados han sido revocados y miles de personas deportadas. Por primera vez en medio siglo, Estados Unidos registra más salidas que entradas de población.

Las consecuencias se sienten a escala internacional. En África, Asia y Oriente Medio crece la preocupación entre familias, estudiantes y aficionados al deporte. Incluso grandes eventos internacionales, como el próximo Mundial de fútbol, se ven afectados por la incertidumbre migratoria.

Minneapolis bajo la sombra de George Floyd

Minneapolis carga con un peso simbólico ineludible. La muerte de George Floyd en 2020 desencadenó protestas globales contra el racismo y la violencia policial. Sin embargo, el clima actual es distinto.

Donde antes hubo movilización masiva, hoy predomina el cansancio social. La polarización y la desconfianza institucional han debilitado la respuesta colectiva. Muchos ciudadanos perciben que el umbral de tolerancia frente al uso de la fuerza estatal se ha desplazado.

Pérdida de confianza y erosión del poder blando

Artistas, académicos y antiguos líderes políticos han advertido de un rápido deterioro de la imagen internacional de Estados Unidos. Declaraciones de figuras como Barack Obama y reacciones en ámbitos culturales y diplomáticos apuntan a una erosión acelerada del llamado poder blando estadounidense.

Cada vez más, el país es visto como una nación dividida, que prioriza la coerción y la demostración de fuerza sobre el consenso democrático y el estado de derecho.

Una señal de alarma para la democracia estadounidense

Las muertes en Minneapolis trascienden el debate migratorio. Revelan una crisis más profunda en la gobernanza estadounidense, donde la lealtad política parece pesar más que la competencia institucional y donde el poder federal se ejerce contra sectores de la propia ciudadanía.

La pregunta ya no es si Estados Unidos está polarizado, sino cuán cerca se encuentra de una fractura duradera entre el Estado y la sociedad. Minneapolis podría no ser un episodio aislado, sino una advertencia temprana de una transformación inquietante en la democracia estadounidense.