Escrito por Frode Skar, periodista financiero.
Las protestas en Minneapolis empujan a la América de Trump al borde de la ruptura
Minneapolis se ha convertido nuevamente en el epicentro de una crisis política y social en Estados Unidos. En menos de tres semanas, dos personas murieron durante operaciones de agentes federales de inmigración, desatando protestas, indignación pública y nuevas dudas sobre el rumbo del país bajo el presidente Donald Trump.
Las imágenes que circulan desde la ciudad recuerdan inevitablemente al año 2020 y a la muerte de George Floyd. Sin embargo, el contexto actual presenta una diferencia clave: esta vez no es la policía local la que ocupa el centro del debate, sino fuerzas federales de inmigración fuertemente armadas, desplegadas bajo una estrategia política deliberadamente militarizada desde la Casa Blanca.
Dos muertes que reavivaron la tensión
La nueva ola de protestas comenzó tras la muerte de Alex Pretty, un hombre de 37 años que fue abatido por agentes federales durante una operación en Minneapolis. Su fallecimiento ocurrió pocos días después de la muerte de otro manifestante, René Gou, en circunstancias similares.
Videos difundidos masivamente en redes sociales muestran a Pretty grabando una redada contra migrantes. Se produce un enfrentamiento, es rociado con gas lacrimógeno, reducido en el suelo y desarmado. Instantes después, se escuchan múltiples disparos mientras permanece inmovilizado. Pretty era enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos y poseía legalmente un arma de fuego.
Las autoridades federales han calificado el hecho como defensa propia. Esta versión ha sido duramente cuestionada por testigos, juristas y organizaciones de derechos civiles. Dos agentes implicados fueron suspendidos, una medida considerada insuficiente por amplios sectores de la opinión pública.
Fuerza federal en ciudades demócratas
Minneapolis está gobernada por demócratas y se ubica en el estado de Minnesota, tradicionalmente considerado un bastión azul. Esto la ha convertido en un objetivo simbólico en el enfrentamiento de la administración Trump con las llamadas ciudades santuario, que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El alcalde Jacob Frey ha declarado abiertamente que la ciudad no aplicará de forma activa las leyes federales de inmigración. Desde Washington, la respuesta ha sido acusar a las autoridades locales de poner en riesgo la seguridad pública y desafiar la soberanía federal.
La magnitud del despliegue ha generado alarma. Según críticos, el número de agentes federales superó ampliamente al de la policía local. Las operaciones incluyeron tácticas de corte militar, agentes enmascarados, armamento pesado y redadas a plena luz del día.
Reacción política y ajuste de discurso
En un primer momento, la administración Trump reaccionó con un discurso contundente, respaldando sin matices a los agentes implicados y calificando los hechos como amenazas internas. No obstante, esta postura se suavizó rápidamente.
Las encuestas comenzaron a mostrar un deterioro en la popularidad del presidente y de las agencias migratorias, incluso entre votantes conservadores. Ante esta presión, la Casa Blanca moderó su retórica, introdujo cambios en la cadena de mando y redujo el ritmo de las operaciones.
Pese a ello, Trump ha reiterado que su agenda migratoria no ha cambiado. La ofensiva contra la inmigración irregular seguirá siendo una prioridad central.
El negocio detrás de la política migratoria
Más allá del debate político, existe una dimensión económica significativa. El presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional se ha casi duplicado bajo la presidencia de Trump, convirtiendo la aplicación de la ley migratoria en una de las áreas federales mejor financiadas.
Este crecimiento ha beneficiado a un entramado de empresas privadas encargadas de la detención, el transporte, la vigilancia y la deportación de migrantes. Los contratos federales asociados alcanzan cifras de cientos de miles de millones de dólares.
Entre las compañías señaladas figura la consultora francesa Capgemini, cuya filial estadounidense ha participado en contratos relacionados con la localización e identificación de extranjeros. Los esquemas de pago basados en resultados han suscitado serias preocupaciones éticas.
Emergencia nacional y falta de controles
La administración ha declarado la inmigración irregular como una emergencia nacional, lo que permite eludir los procesos habituales de licitación pública. Esto ha facilitado la adjudicación directa de contratos, a menudo a empresas con vínculos estrechos con el entorno político del presidente.
Críticos sostienen que esta práctica ha difuminado peligrosamente la frontera entre el poder público y los intereses privados. Varios altos cargos del gobierno proceden de sectores como la seguridad privada o el lobby empresarial.
Restricciones de visados y efectos globales
La línea dura también se ha reflejado en la migración legal. El procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países ha sido congelado, incluyendo aliados tradicionales de Estados Unidos. Las solicitudes de asilo, la reunificación familiar y la lotería de la green card han quedado suspendidas.
Según la Casa Blanca, más de 100.000 visados han sido revocados y miles de personas deportadas. Por primera vez en medio siglo, Estados Unidos registra más salidas que entradas de población.
Las consecuencias se sienten a nivel internacional. En África, Asia y Oriente Medio crece la preocupación entre familias, estudiantes y aficionados al deporte. Incluso grandes eventos internacionales, como el próximo Mundial de fútbol, se ven afectados por la incertidumbre migratoria.
Minneapolis bajo la sombra de George Floyd
Minneapolis carga con un peso simbólico ineludible. La muerte de George Floyd en 2020 desencadenó protestas globales contra el racismo y la violencia policial. Sin embargo, el clima actual es distinto.
Donde antes hubo movilización masiva, hoy predomina el cansancio social. La polarización y la desconfianza institucional han debilitado la respuesta colectiva. Muchos ciudadanos perciben que el umbral de tolerancia frente al uso de la fuerza estatal se ha desplazado.
Pérdida de confianza y de influencia internacional
Artistas, académicos y antiguos líderes políticos han advertido de un rápido deterioro de la imagen internacional de Estados Unidos. Declaraciones de figuras como Barack Obama y reacciones en ámbitos culturales y diplomáticos apuntan a una erosión acelerada del llamado poder blando estadounidense.
Cada vez más, el país es visto como una nación dividida, que prioriza la coerción y el espectáculo sobre el consenso democrático y el estado de derecho.
Una señal de alarma para la democracia
Las muertes en Minneapolis trascienden el debate migratorio. Revelan una crisis más profunda en la gobernanza estadounidense, donde la lealtad política parece pesar más que la competencia institucional y donde el poder federal se ejerce contra sectores de la propia ciudadanía.
La pregunta ya no es si Estados Unidos está polarizado, sino cuán cerca se encuentra de una fractura duradera entre el Estado y la sociedad. Minneapolis podría no ser un episodio aislado, sino una advertencia temprana de una transformación inquietante en la democracia estadounidense.
